Buenos Aires, 21 de diciembre. Sin señal alguna de arrepentimiento, el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla reivindicó hoy como una "guerra justa" lo ocurrido durante la pasada dictadura militar. Aseguró que fue "un conflicto bélico interno, irregular y revolucionario, alentado desde el exterior", y que se ganó la batalla en el campo militar, pero no en el político. Los "enemigos derrotados ayer" gobiernan hoy el país, se erigen en paladines de los derechos humanos "y pretenden imponer un régimen marxista" al estilo Gramsci, expuso.
"La Constitución Nacional guarda luto por la república desaparecida", subrayó con dramatismo teatral.
Todo lo anterior lo sostuvo durante su alegato, de unos 49 minutos, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la provincia de Córdoba, donde se le juzga junto al ex general Luciano Benjamín Menéndez y otros 28 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1973-1986). La fiscalía ha solicitado cadena perpetua para Videla y otros acusados.
Condenado a prisión perpetua en 1985 en el histórico "juicio a las juntas", recibirá mañana la primera condena desde que fue indultado en 1989 por el ex presidente Carlos Menem.
El ex dictador negó haber participado en una "guerra sucia", aunque admitió "imprecisiones" en su comienzo y su final, sin hacer referencia a las denuncias y testimonios que se escucharon durante uno de los juicios orales más importantes de los últimos tiempos sobre la dictadura, que dejó 30 mil desaparecidos.
El inculpado, que nunca había hablado en otros juicios, leyó un texto donde mencionó los "antecedentes históricos de la guerra subversiva" y acusó a la Unión Soviética por el intento de extender su poder y romper el "equilibrio" de la guerra fría. También mencionó a otros países que "adiestraban terroristas".
En su alegato se preguntó "si aún hoy esta guerra, usando otros medios, haya terminado. Esta guerra usaba la fuerza contra el enemigo que intentaba modificar la forma de vida de la sociedad argentina. Además contó con el apoyo mayoritario de los ciudadanos, que se sintieron aliviados", dijo.
Aunque asumió las responsabilidades por su actuación, atribuyó a la sociedad argentina haber ordenado "a su brazo armado (ellos) actuar y terminar con esa situación, que llevó al país hasta una situación límite".
También señaló que existe una "visión sesgada de la realidad al ocultar datos perversos" de esa guerra. "Más que como imputado, como testigo y partícipe, tengo el deber inexcusable de hacer llegar a toda la sociedad mi visión sobre aquellos hechos", expuso.
De la misma manera intentó fincar responsabilidades de lo actuado al gobierno de Estela Martínez de Perón (Isabelita), quien les ordenó combatir a las guerrillas en Tucumán en 1975, y llegar a la "aniquilación" del enemigo.
Este argumento lo usan casi todos los militares juzgados, pero en realidad "aniquilar", en el lenguaje operativo, significa la anulación total de la capacidad ofensiva de un enemigo y no asesinar de forma masiva.
También mencionó a Ítalo Luder, que en el mismo año remplazó temporalmente a la presidenta. Otra justificación que intentó fue aludir al llamado Plan de Capacidades para combatir la subversión y recuperar el orden perdido, que existía y se aplicaba desde 1971.
Aseguró que el ex líder de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, le solicitó que apresuraran el golpe, unos 45 días antes de la fecha elegida, para "evitar así una larga agonía a la república". Balbín le garantizó –dijo– que no sembraría "piedras en el camino".
Consideró que los magistrados que lo juzgan no son sus "jueces naturales" y decidió asumir, "bajo protesta, la injusta condena que se me pueda imponer como contribución de mi parte a la concordia que logramos en el país. Con ello pretendo cumplir con mi conciencia. Pido a ustedes que cumplan con la suya".
Sugirió la necesidad de una reconciliación en pro de "la unidad nacional".
Pero lo que exacerbó todos los ánimos fue que al final reclamó "para el pueblo argentino en general, el honor de la victoria en esa guerra subversiva", y acusó a los organismos humanitarios de "hacer negocios" con el dolor.
La reacción de la dirigencia de la UCR no se hizo esperar y el alegato de Videla fue considerado una "perversión más" del ex dictador. Otros sectores condenaron la soberbia y las "amenazas" que contenía el discurso final.
