El documento considera inocente, por los hechos violentos de 2006, al gobernador saliente.
San Raymundo Jalpan, Oax. Este jueves será presentado ante el Pleno del Congreso local el dictamen sobre la solicitud de juicio político contra el gobernador Ulises Ruiz por violaciones a las garantías individuales y a la Constitución local por los hechos ocurridos durante el movimiento político-social de 2006.
Sin embargo, en éste se concluye en la inocencia del mandatario estatal y ordena archivar el expediente.
Durante esta sesión, la última del último periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura local, se someterá a votación este dictamen emitido por la Comisión Instructora de este Congreso, encabezada por el diputado priísta Etelberto Gómez Fuentes.
Dicho dictamen establece dentro de sus considerandos que “no habiendo convicción plena de responsabilidad atribuible al servidor público denunciado, ni por acción ni por omisión, se deriva la inocencia del gobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz”.
Previo a la sesión, el Congreso oaxaqueño fue blindado con policías en su interior, en tanto organizaciones afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI) cerraron los accesos para evitar la cercanía de otras protestas durante la votación del dictamen.
De acuerdo a testimonios de trabajadores sindicalizados del Congreso local, quienes solicitaron el anonimato, desde las 7:00 horas de este jueves inició el arribo de los 25 diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Asimismo, dijeron, los sindicalizados fueron convocados para que a las 11 horas se concentraran al interior del Salón de Plenos, a fin de evitar que organizaciones de manifestantes pudieran ingresar al recinto.
En tanto, al interior del Palacio Legislativo se observan policías estatales vestidos de civil, quienes custodian los cuatro accesos al complejo de oficinas.
Afuera, al menos media docena de grupos de manifestantes se apostaron en todo el perímetro del Congreso oaxaqueño “para evitar que los maestros o los de la APPO puedan acercarse durante la sesión”, reveló la misma fuente.
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y partidos de oposición al PRI han calificado de “simulación” esta solicitud de juicio político contra el gobernador, dado que el solicitante –el diputado local por el partido Nueva Alianza, Cristóbal Carmona– es identificado con el grupo priísta en el poder.
Los inconformes aseguraron que este juicio “a modo” sólo busca cerrar el paso a la posibilidad de llevar a juicio político a Ulises Ruiz con posterioridad, bajo el principio legal que defiende que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito.
Exoneración de Ruíz, burla al dolor de las víctimas y de las personas asesinadas: Sosa.
Flavio Sosa, diputado electo en Oaxaca, declaró que las intenciones del Congreso estatal de exonerar al todavía gobernador Ulises Ruíz, cometen un agravio más a la sociedad oaxaqueña.
El luchador social externó que con estas acciones se está lastimando a la sociedad oaxaqueña, misma que ha sido humillada y a la cual le han sido violentados sus derechos humanos y garantías individuales.
"Hoy el Congreso del estado, una institución que debiera responder a los intereses de las mayorías, se burla al pretender exculpar de sus responsabilidades políticas, penales, morales, jurídicas al señor Ulises Ruíz, de toda la violencia acontecida en el 2006", externó el legislador.
Consideró que Oaxaca es un estado a la vanguardia del surrealismo, ya que el día de ayer se votó por un dictamen que exoneró al titular del Ejecutivo estatal, en el cual, dijo, se apeló que no era suficiente el fallo de la Suprema Corte de Justicia.
Agregó que con estas acciones, el Congreso se ha burlado del fallo de la Corte, del dolor de las víctimas y de las personas asesinadas, además, aseguró, se ha pisoteado la ley y los derechos humanos, de nueva cuenta en Oaxaca.
Puntualizó que al concluir el gobierno del mandatario estatal Ulises Ruíz, apuntó será posible, no obstante, afirmó, en este momento están tratando de protegerlo, con el objetivo de que al terminar su administración pueda ser juzgado políticamente.
"Esto no lo excluye de la responsabilidad que pudiera tener en los crímenes del 2006, segundo, están tratando de protegerlo, pero están violando los procedimientos jurídico-administrativos para hacerlo, es decir, están pasando por su propio reglamento, lo que puede meterlos en un serio conflicto constitucional", precisó Sosa.
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