En esta época no era de esperarse, dijo Roberto Hernández. La cinta fue vista ya por 400 mil personas.
México, DF. La orden de una juez de suspender la proyección del documental Presunto culpable "es un intento de censura que creo que en estas épocas no era de esperarse", dijo este jueves el codirector e impulsor de la cinta, Roberto Hernández, a la cadena radiofónica MVS.
Desde su estreno el 18 de febrero, la película ha sido vista por más de 400 mil espectadores, lo que la convierte en el documental mexicano más exitoso de la historia y uno de los más vistos en general en el país, dijo a la AFP un representante de la distribuidora Cinépolis.
El funcionamiento del sistema penal mexicano ha sido duramente criticado por los expertos y puesto en tela de juicio en varios casos públicos, entre ellos la condena a más de 20 años de prisión de tres mujeres indígenas acusadas de secuestrar a seis policías de élite, ya liberadas.
Presunto culpable, que cosechó una quincena de premios internacionales, es un retrato demoledor de cómo la policía y la justicia de la capital mexicana convirtieron en culpable de asesinato a un humilde comerciante inocente.
El recurso de amparo para la suspensión, que aceptó el miércoles la magistrada Blanca Lobo, fue interpuesto por el primo del asesinado y único testigo contra el comerciante.
El demandante, a quien se ve al final de la cinta aparentemente retractándose de su testimonio incriminatorio, alega que sus intervenciones en el juicio fueron filmadas sin su autorización y que "ha afectado su privacidad y trastornado su vida privada", explicó a la AFP una fuente del Consejo Federal de la Judicatura Federal que pidió el anonimato.
El gobierno mexicano dijo que aplicará la decisión judicial pero que discrepa de ella y la impugnará.
En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que también impugnará la suspensión y admitió que los hechos narrados en la cinta son veraces.
La suspensión provisional de la película podría durar al menos entre una y dos semanas hasta que un juez "decida si se mantendrá durante todo el juicio de amparo" o será revocada, de acuerdo con la fuente de la Judicatura.
Los autores de la película, que lograron introducir de manera inédita cámaras en un juicio en México, sospechan que el recurso de amparo ha sido impulsado por sectores de la justicia mexicana que quieren limitar el impacto de la película y frenar la implantación de la reforma penal de 2008.
"Creemos que es una declaración manipulada por las autoridades. Por el testimonio de esa persona se dio una condena contra Toño (José Antonio Zuñiga, el comerciante) y creemos que ahora vuelve a ser manipulada para sacar la cinta de los cines, no sabemos por quién", afirmó el director Roberto Hernández.
Hernández defiende la reforma penal de 2008, que consagra explícitamente en la Constitución mexicana el derecho a la presunción de inocencia y la oralidad y apertura de los juicios.
El director sostiene que "hoy el sistema penal mexicano es una fábrica de culpables (...). En el 92 por ciento de las acusaciones basta con un testigo ocular o una persona que te señale en la calle para que te detengan. Y sabemos que en las estaciones policiales las personas son rutinariamente torturadas o maltratadas psicológicamente" para confesar.
Mientras no se notifique a la distribuidora, podrá seguirse exhibiendo, señaló Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la dependencia.
México, DF. La Secretaría de Gobernación (SG) dijo que la notificación de la juez que lleva el caso del documental Presunto culpable es “oscura, ambigua y confusa” especialmente porque pide a esta dependencia que realice actos que están fuera de sus atribuciones, tales como prohibir la publicidad de la cinta.
Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la SG, informó que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) fue notificada por el juzgado de distrito alrededor de las dos de la tarde de este jueves acerca de la suspensión provisional que concedió a un ciudadano que consideró vulnerados sus derechos con la difusión de la película.
Gobernación tiene 24 horas para rendir a la juez el informe previo, en su carácter de autoridad responsable del acto (autorización para la exhibición del documental). Este plazo vence mañana viernes, y hasta ese momento se definirá la eventual comunicación al distribuidor, de ahí que la cinta puede seguir exhibiéndose hasta en tanto la SG le gire la información correspondiente.
El subsecretario Villareal reiteró que no están de acuerdo con la decisión de la juez, por lo que habrán de combatir dicha resolución, y en consecuencia defenderán la clasificación y autorización para la misma.
“Acaba de llegar hace media hora esta notificación. Podría adelantarles que en los términos en que está planteada es muy probable que estemos en la necesidad de solicitarle a la jueza aclaraciones respecto de los alcances de estos efectos. En una primera lectura es una resolución que apreciamos confusa, ambigua, oscura”, expresó.
En conferencia de prensa, el funcionario dijo que la única instrucción del presidente Felipe Calderón y del secretario de Gobernación, Francisco Blake, es defender la libertad de expresión.
El gobierno considera que no debió haberse otorgado esta suspensión provisional, porque se está ante hechos consumados.
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